El Partido Popular, Maite Parra y su equipo de gobierno, tienen muy claro que les beneficia la falta de información o la desinformación en la ciudadanía. De esta forma ellos son la principal (casi única) fuente de opinión, aunque esta no tenga nada que ver con la realidad de todo lo que sucede en el Ayuntamiento de Ibi.
Actúan como en los mejores tiempos de la dictadura, a través de la censura o secuestrando información pública, es decir, que debe estar accesible a todos.
Son muchos los ejemplos que avalan lo dicho: esta semana sin ir más lejos, la Sr. Alcaldesa dirigió un escrito a un funcionario ordenándole que le entregara parte del expediente del Pleno extraordinario a celebrar el 21 de septiembre y que ya había sido convocado. La ley obliga a poner a disposición de los concejales el expediente completo. El secuestro de esta documentación duró 24 horas.
La televisión municipal, clausurada desde enero, reaparece para las Fiestas Mayores pero no para retransmitir los plenos. Esto supone también un secuestro del derecho de los ciudadanos de Ibi a la información.
Hay que recordar que el defensor del pueblo valenciano apercibió a Maite Parra por obstaculizar el acceso a la información pública al que tienen derecho por ley los concejales. A día de hoy, aún hay solicitudes de acceso a la información de 2006 sin respuesta.
Todo esto son ejemplos que atestiguan que en el gobierno de Ibi hay personas para las que cumplir la ley es una excepción.
En el pleno extraordinario de este pasado lunes 21 de septiembre aparecía un punto en el orden del día que decía: “Exigir al grupo de gobierno el máximo respeto al ordenamiento jurídico vigente”. El Partido Popular en bloque votó NO a esta propuesta. Acción totalmente clarificadora sobre lo que los máximos responsables del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ibi opinan del ordenamiento jurídico. He dicho los máximos responsables (Parra y Agüera) porque nos dió la impresión que la disciplina de voto hizo que algunos miembros de las filas populares votaron en ese sentido aunque no estaban de acuerdo.
Algo parecido sucedió al votar otro de los puntos: “Exigir al equipo de gobierno que tome las medidas oportunas para que sus actuaciones no provoquen más quebrantos económicos en las arcas municipales”.
Tienen claro que lejos de rectificar su manera de gestionar la economía municipal, al rechazar esta propuesta, nos están lanzando el mensaje de que piensan seguir con el desaguisado económico. Algunas consecuencias de este desorden se están viendo desde hace tiempo y otras se verán en el futuro.
Actúan como en los mejores tiempos de la dictadura, a través de la censura o secuestrando información pública, es decir, que debe estar accesible a todos.
Son muchos los ejemplos que avalan lo dicho: esta semana sin ir más lejos, la Sr. Alcaldesa dirigió un escrito a un funcionario ordenándole que le entregara parte del expediente del Pleno extraordinario a celebrar el 21 de septiembre y que ya había sido convocado. La ley obliga a poner a disposición de los concejales el expediente completo. El secuestro de esta documentación duró 24 horas.
La televisión municipal, clausurada desde enero, reaparece para las Fiestas Mayores pero no para retransmitir los plenos. Esto supone también un secuestro del derecho de los ciudadanos de Ibi a la información.
Hay que recordar que el defensor del pueblo valenciano apercibió a Maite Parra por obstaculizar el acceso a la información pública al que tienen derecho por ley los concejales. A día de hoy, aún hay solicitudes de acceso a la información de 2006 sin respuesta.
Todo esto son ejemplos que atestiguan que en el gobierno de Ibi hay personas para las que cumplir la ley es una excepción.
En el pleno extraordinario de este pasado lunes 21 de septiembre aparecía un punto en el orden del día que decía: “Exigir al grupo de gobierno el máximo respeto al ordenamiento jurídico vigente”. El Partido Popular en bloque votó NO a esta propuesta. Acción totalmente clarificadora sobre lo que los máximos responsables del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ibi opinan del ordenamiento jurídico. He dicho los máximos responsables (Parra y Agüera) porque nos dió la impresión que la disciplina de voto hizo que algunos miembros de las filas populares votaron en ese sentido aunque no estaban de acuerdo.
Algo parecido sucedió al votar otro de los puntos: “Exigir al equipo de gobierno que tome las medidas oportunas para que sus actuaciones no provoquen más quebrantos económicos en las arcas municipales”.
Tienen claro que lejos de rectificar su manera de gestionar la economía municipal, al rechazar esta propuesta, nos están lanzando el mensaje de que piensan seguir con el desaguisado económico. Algunas consecuencias de este desorden se están viendo desde hace tiempo y otras se verán en el futuro.
Por Antonio Martos
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