BOICOT TRAS BOICOT

El pasado 5 de julio entró en vigor la ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, a la espera de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre los recursos del PP y del Gobierno de Navarra. El Pleno del Tribunal Constitucional rechazó el pasado 14 de julio, por seis votos contra cinco, la petición del PP de suspensión cautelar de la nueva ley del aborto hasta que el TC se pronunciara sobre los recursos de inconstitucionalidad contra varios preceptos de la norma presentados por ese partido y el Gobierno de Navarra

Es una ley que ha suscitado mucha controversia. Muchos colectivos sociales se han pronunciado tanto a favor como en contra, pero dejando a un lado la controversia, la nueva ley contribuirá, según los expertos, a frenar el creciente número de abortos en España -115.000 en 2008, según Sanidad; un 3,2% más que el año anterior-.

Uno de los aspectos más interesantes de la nueva ley son los programas de prevención y educación, sin embargo, que se hable de sexo en las aulas no gusta al PP. Tampoco a los grupos antiabortistas quienes, tras perder la batalla de la interrupción del embarazo, se lanzan a la lucha contra la educación sexual.

La nueva ley, que equipara a España con la mayoría de los países europeos, tiene un objetivo claro y es la de frenar el número de abortos y la de garantizar la plena libertad de la mujer en lo que respecta a la planificación familiar, con todas las garantías que ofrece el sistema sanitario español.

El PP solo respeta las decisiones tomadas por los jueces cuando le interesa, según Rajoy” la justicia puede decir lo que quiera “con respecto al caso Gürtel , sin embargo no aceptan ni respetan los acuerdos y leyes que son votadas mayoritariamente en el parlamento, boicotean la Ley de dependencia en las comunidades que gobiernan, desprestigian y dificultan hasta extremos ridículos la puesta en marcha de la asignatura Educación para la ciudadanía, no apoyan el programa Escuela 2.0 por que puede crear miopía en lo jóvenes el uso de ordenadores, no arriman el hombro ni presentan propuestas para salir de la crisis, y después son los más patrióticos del planeta.

Los cambios legislativos sobre el aborto en España

- Octubre de 1983. El Congreso de los Diputados aprueba la ley orgánica que despenaliza la interrupción del embarazo en caso de riesgo físico o psíquico para la salud de la mujer sin límite de tiempo, malformaciones graves del feto (hasta un máximo de 22 semanas) o violación (hasta las 12 semanas).

- Abril de 1985. El Tribunal Constitucional falla en contra de la ley por considerar que no garantiza el derecho a la vida y a la integridad física de la mujer. La sentencia habla del nasciturus (no nacido) como un “bien jurídicamente protegido” y establece que los derechos de la mujer no pueden tener “primacía absoluta” sobre los del feto, salvo en los tres supuestos que contempla la ley.

- Julio de 1985. El Gobierno modifica la norma: un médico especialista deberá emitir un informe en el supuesto de riesgo para la madre, y el Estado tendrá que garantizar la comprobación de los casos y la realización de abortos en centros públicos o privados debidamente autorizados. Además, “en caso de urgencia por riesgo vital para la gestante” podrá precindirse del dictamen médico prescriptivo y del consentimiento expreso de la mujer.

En el mes de agosto entra en vigor la Ley Orgánica 9/85.

- Julio de 1995. El Ejecutivo presenta un anteproyecto para despenalizar un cuarto supuesto: si el embarazo supone un conflicto personal, familiar o social para la mujer, esta podrá interrumpir su gestación hasta la semana 12. El Congreso de los Diputados aprueba la iniciativa, pero la convocatoria anticipada de elecciones y la oposición de Partido Popular y CiU impiden que llegue a tiempo al Senado.

- Febrero de 2007. Agentes del Seprona se presentan en la clínica madrileña Isadora, supuestamente para revisar la gestión de residuos. Abren los contenedores sin autorización judicial y consiguen iniciar un caso. En noviembre de 2009 la Justicia decide que no hay pruebas de que el centro practicase abortos fuera de plazo.

- Julio de 2007. Comienza la investigación judicial de tres clínicas del grupo Ginemedex-TCB en Barcelona tras la denuncia de un grupo católico. El director, Carlos Morín, su esposa y varios trabajadores entran en prisión por realizar interrupciones de embarazos de hasta 30 semanas. En enero quedan en libertad Morín, su mujer y una colaboradora, pendientes de juicio.

- Septiembre 2009. El Congreso aprueba el anteproyecto de la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo: permite el aborto libre hasta las 14 semanas y hasta las 22 semanas en caso de riesgo para la salud de la mujer o anomalías graves del feto. A partir de los 16 años, las menores pueden abortar sin informar a los padres si sufren una situación familiar problemática.

- 17 de diciembre de 2009. El Congreso aprueba la nueva ley con 184 votos a favor (PSOE, PNV, ERC-IU-ICV, BNG, Na-Bai y dos diputados de Convergencia (CDC-CIU), 158 en contra (PP, CC, los cuatro de Unió (UDC-CiU), tres de Convergència, UPN y UPyD). La otra diputada de Convèrgencia, Inmaculada Riera, fue la única abstención y el popular José Madero votó, por error, a favor de la norma.

- 1 de junio de 2010. El PP recurre ante el Tribunal Constitucional y solicita la suspensión de la entrada en vigor de la ley. El Gobierno de Navarra también presenta un recurso alegando que invade competencias de la comunidad, donde actualmente no se realizan interrupciones del embarazo.

- 24 de junio de 2010. Los grupos parlamentarios Nafarroa Bai, PSN e IU se unen para aprobar una proposición de ley que garantice el derecho a abortar en Navarra.

- 5 de julio de 2010. Entra en vigor la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, a la espera de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre los recursos del PP y del Gobierno de Navarra.

Por: Susana Hidalgo